El pasado año se registraron 374.737 delitos cibernéticos en nuestro país, de acuerdo con el último ‘Informe sobre la Cibercriminalidad en España’ del Ministerio del Interior. Este auge de la criminalidad en Internet y medios digitales explica por qué las capturas de pantalla o pantallazos han aumentado su vigencia en procesos judiciales.
Estas evidencias surgen cuando un usuario efectúa una captura de pantalla de su ordenador, móvil o tableta, registrando con ella un mensaje de odio, una muestra de ciberacoso, una publicación que vulnera su privacidad y otros delitos comunes en la esfera digital. El problema de estos documentos es la extrema facilidad con que pueden manipularse, sin necesidad de conocimientos avanzados en informática.
Incluso para los peritos de telecomunicaciones, certificar una captura de pantalla puede representar un desafío. La adulteración de mensajes, el sesgo de informaciones e incluso la suplantación de identidad son malas prácticas que pueden contaminar cualquier pantallazo de Facebook, WhatsApp u otra aplicación. De ser ignoradas en juicios, estas falsificaciones podrían condenar a inocentes y eximir de toda culpa a criminales.
Para colmo de males, las tecnológicas propietarias de estos servicios no facilitan el acceso a los datos de sus usuarios, de forma que el proceso de solicitud por parte de las autoridades puede demorarse durante meses. Estos obstáculos, sumados a la dificultad para verificar la validez de un pantallazo, nos enfrentan al siguiente interrogante: ¿realmente es viable la certificación de capturas de pantalla?
Peritos informáticos: ¿cómo es el proceso de certificación de capturas de pantalla?
En los últimos años, las personas involucradas en un conflicto de mensajería han comenzado a aportar capturas de pantalla como prueba documental, con el objetivo de respaldar su versión de los hechos. Sin embargo, estas evidencias carecen de valor probatorio si no se acompañan de un informe pericial.
Para certificarlas, los peritos en ingeniería de telecomunicaciones accede al dispositivo del afectado y evalúan la veracidad del pantallazo en cuestión con ayuda de herramientas y técnicas altamente especializadas. La coherencia de los metadatos asociados al documento arrojan una primera luz sobre su credibilidad. Incluyen desde la fecha hasta la localización de la captura. Las discrepancias detectadas pondrán al perito sobre la pista de un intento de manipulación, ya sea voluntario o involuntario (por ejemplo, debido a la contaminación del dispositivo con malwares).
Asimismo, los expertos investigan el registro de eventos o logs de la aplicación o función usada para generar la captura. Con ello, se obtienen datos adicionales que evidencia la naturaleza veraz o fraudulenta del pantallazo. También crean y conservan en todo momento una cadena de custodia de las pruebas recabadas. Con esta medida, se evita que la parte contraria o la autoridad judicial rechace a trámite las capturas, argumentando su posible manipulación.
Los resultados obtenidos se presentan en un informe pericial donde se exponen los análisis realizados y se acredita o refuta la validez de estos medios digitales. Gracias a este peritaje, el valor probatorio de las capturas de pantalla habilita su uso en procesos judiciales.
La autenticidad, requisito indispensable para que el pantallazo sea admitido como prueba judicial
La intervención del perito de telecomunicaciones es clave no sólo en la aportación de wasaps en calidad de prueba en un juicio, sino también de otros medios audiovisuales, como las capturas realizadas a esta y otras apps de mensajería (Facebook, Twitter, etcétera).
Con ello, el perito valida una condición esencial de las capturas de pantalla para su utilización en juicios: su autenticidad y estado completo, sin elementos faltantes que puede inducir a sospechar de una posible alteración. Esta comprobación se efectúa analizando el registro y la firma electrónica, por ejemplo.
Considerando la jurisprudencia de capturas de pantalla disponible hasta la fecha, otro de los requisitos de importancia no menor es la obtención lícita de las mismas. Si los medios fueron conseguidos con malas prácticas, sin respetar los derechos fundamentales de las partes implicadas (sustrayendo un dispositivo ajeno, por ejemplo), serán invalidadas sin remedio.
Adicionalmente, cabe subrayar el doble rol del perito forense, pues además de verificar la falsedad o autenticidad de las imágenes capturadas, se involucra en su interpretación, emitiendo dictámenes que en muchos casos resultan decisivos en el desenlace de actuaciones jurídicas.
